Reivindicamos la voz de los propietarios de Cataluña, en un país donde gran parte de la población tiene una vivienda en propiedad.

Trabajamos para restaurar la seguridad jurídica de los propietarios y revertir su desamparo frente a retrasos de la Administración de Justicia y conductas abusivas como la okupación.

Exigimos que sea la Administración quien asuma la responsabilidad de la vulnerabilidad de los locatarios, para que no recaiga sobre los propietarios, con el consecuente impacto negativo en la oferta de la vivienda disponible.

Denunciamos la instrumentalización de la propiedad en el debate político, a veces utilizada para ocultar la inacción o la insuficiente intervención de los poderes públicos en la generación de vivienda asequible.

Rechazamos normativas ineficaces y desproporcionadas, como los topes en el precio de los alquileres, que solo han contribuido a reducir la oferta y el número total de contratos de arrendamiento en las zonas declaradas con tensiones.

Defendemos la creación de un marco legal que mejore la fiscalidad para facilitar el acceso a la vivienda en propiedad, especialmente para la población joven, siguiendo las mejores prácticas europeas.

Ofrecemos diálogo y una mano extendida a las administraciones públicas para adoptar políticas que no perjudiquen la esfera personal ni patrimonial de los propietarios.

Compartimos conocimientos y ofrecemos asesoramiento a las personas propietarias para que puedan ejercer plenamente sus derechos.